El Gobierno de facto de Bolivia, que encabeza la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba.

«Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el Gobierno Constitucional boliviano y su proceso democrático», dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según las autoridades bolivianas, Cuba, de manera sistemática, «ha afectado la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados».

Además, señalan que Cuba ha actuado de esta manera «no obstante la disposición del Gobierno de Bolivia de sostener cordiales relaciones».

El depuesto presidente Evo Morales condenó «profundamente» esta decisión, que, considera, es parte del «deterioro permanente de imagen internacional del Estado Plurinacional de Bolivia de respeto a la libre autodeterminación, soberanía y diplomacia de los pueblos».

Los dichos de Áñez y la expulsión de los cubanos
La tensión entre ambos países se recrudeció en los últimos días después de que Áñez cuestionara el profesionalismo de los trabajadores de la salud cubanos que estuvieron en Bolivia.

Además, afirmó que del total de gastos por cada médico, que correspondía a 9.000 bolivianos (1.300 dólares), «80 % era desviado para financiar al castrocomunismo».

Rodríguez calificó de «vulgares mentiras» las declaraciones de la autoproclamada presidenta, señalando que esta era «otra muestra de su servilismo a EE.UU.».

Desde que se registró el golpe de Estado contra Morales, en noviembre pasado, y Áñez asumió la Presidencia, hubo hostigamiento contra los trabajadores cubanos en Bolivia.

Cuatro ciudadanos de Cuba fueron detenidos arbitrariamente, acusados de ser los responsables del financiamiento a las protestas contra el Gobierno de facto, tras retirar una cantidad considerable de dinero.

No obstante, se demostró que esos fondos eran para el pago de salario de un centenar de trabajadores de la salud pública en Bolivia; por lo que fueron puestos en libertad.

Desde entonces, Cuba retornó a su país a 725 «funcionarios de cooperación» ante la la «falta de garantías a su integridad física».

Actualidad RT